Los Marichalar y Urdangarin están bajo sospecha por movimientos de millones fuera de España

Un nuevo escándalo sacude a la Casa Real española, involucrando a los apellidos Marichalar y Urdangarin, que han estado estrechamente vinculados al círculo íntimo de la monarquía durante décadas. Ahora, estos nombres vuelven a estar en el centro de la controversia debido a una reciente querella presentada contra el rey emérito Juan Carlos I, que plantea serias sospechas sobre la posibilidad de que sus nietos podrían ser los beneficiarios de una red de movimientos financieros millonarios fuera de España. Y todo, aprovechando la opacidad de la legislación de Abu Dabi, donde residen los secretos mejor guardados del padre de Felipe VI.

La querella, interpuesta por un grupo de ex magistrados y fiscales, plantea graves acusaciones contra el rey emérito, quien habría gestionado fondos multimillonarios a través de fundaciones Pero lo que más llama la atención es la posible implicación de sus nietos, los hijos de las infantas Elena y Cristina, como receptores de esta misteriosa fortuna.

Una fundación para garantizar el futuro: ¿filantropía o pantalla legal?

Desde su exilio en Abu Dabi, Juan Carlos I habría creado una fundación junto a sus hijas, Elena y Cristina, para asegurar el futuro económico de su familia. Aunque públicamente se argumenta que el objetivo es promover actividades educativas y culturales, los críticos aseguran que esta entidad sería una herramienta para centralizar la herencia del emérito en un territorio con mínima fiscalidad y máximo secretismo. El problema radica en que, gracias a las leyes de Emiratos Árabes Unidos, ni la identidad de los beneficiarios ni los activos de estas fundaciones deben hacerse públicos. Esto significa que, al fallecer Juan Carlos I, sus herederos –incluidos sus nietos– podrían tomar el control de una fortuna millonaria sin dejar rastro en los registros oficiales.

Ahora bien, la disputa legal gira en torno a la regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I. Según la Fiscalía del Tribunal Supremo, las dos regularizaciones realizadas por el ex monarca en 2020 y 2021, por un total de más de 5 millones de euros, cumplen con los requisitos de una "regularización espontánea" y, por ello, impiden acciones penales en su contra. Sin embargo, los demandantes argumentan que esta regularización no es válida porque el ex monarca ya estaba al tanto de las investigaciones cuando realizó los pagos.

Una investigación rodeada de sombras

También cuestionan la legalidad de las sumas recibidas a través de la fundación Zagatka, gestionada por un primo del rey emérito, y sostienen que los pagos realizados como préstamos no cumplen con las normativas fiscales para justificar una exoneración penal. Sin embargo, no se limita solo al rey emérito. Según los demandantes, existen indicios de que su entramado financiero también sirvió para favorecer a miembros de su familia directa, como sus nietos Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, así como Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

Aunque la querella busca esclarecer la verdad, muchos expertos dudan de que se llegue a conocer la magnitud real del entramado. La opacidad legal de Abu Dabi dificulta el rastreo de los fondos, y las conexiones familiares y políticas de Juan Carlos I parecen blindarlo de consecuencias graves. Mientras tanto, la reputación de la monarquía española sigue cayendo en picada. La imagen de una institución desgastada por los excesos y las sombras de corrupción se afianza en la opinión pública, dejando a los ciudadanos con más preguntas que respuestas.